Han pasado más de 20 años desde que los paramilitares dejaron las armas y, aunque muchos de los postulados al sistema de Justicia y Paz han mantenido su compromiso con la legalidad, las limitaciones del proceso de reintegración se hacen evidentes. La escasez de oportunidades para los excombatientes, las continuas dinámicas violentas y la prolongación del proceso judicial ponen en tensión los logros alcanzados.
Óscar Montealegre tiene un pie en el pasado, cuando comandaba más de mil hombres como uno de los jefes del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y otro en el futuro, en el que sueña ser abogado trabajando por la paz en el país.
Pero después de dejar las armas en 2006, pagar nueve años de prisión y haber demostrado su compromiso con promover una cultura de paz, hoy en día debe asistir a los tribunales de Justicia y Paz semanalmente para continuar respondiendo por sus crímenes casi dos décadas después.
Montealegre es uno de los 28.524 exmiembros de grupos paramilitares que ingresaron a los programas de reintegración y, en su caso particular, continúa vinculado al proceso judicial previsto en Justicia y Paz. Aunque muchos desmovilizados dicen que el camino ha sido difícil, aseguran que siguen comprometidos con la paz.
“Sacar hombres de la guerra y ponerlos en la paz es un fusil que deja hacer daño al país”, dice Montealegre.
Pero tanto los postulados como expertos y abogados critican muchos aspectos de cómo se ha aplicado la justicia transicional, aduciendo que falta seguridad jurídica y claridad en los términos, además de las trabas que existen para que los desmovilizados accedan a empleos formales. Según la Contraloría, sólo 57 de los paramilitares incluidos en Justicia y Paz han logrado empleo estable.
Juan Carlos Villamizar, asesor de varios de los principales exjefes de las AUC, le aseguró a este portal que lo anterior conlleva faltas graves de garantías al debido proceso y además insatisfacción de las víctimas.
“Cuando te metes en un proceso judicial eterno que no tiene un final, hay una serie de efectos. El efecto fundamental ahora es que (…) hoy no tiene un punto de llegada. Eso va a ser eterno”, explica Villamizar.
Según la Fiscalía, del total de postulados a Justicia y Paz, 841 tienen sentencias parciales en 91 sentencias que abarcan casi 15.000 hechos criminales (nueve de ellas están en apelación ante la Corte Suprema de Justicia). Pero Juan Carlos Arias, director de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, aclara que ninguno de los postulados ha sido condenado por la totalidad de hechos que le son atribuibles.
La magistrada Alexandra Valencia, de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, cuestiona que algunos postulados ahora intenten presentarse como víctimas del proceso, en especial en el contexto del incidente de reparación integral, que brinda a las víctimas la oportunidad de solicitar una compensación económica al postulado después de que este haya sido declarado culpable.
“Porque los pobres postulados llevan muchos años y el sistema no les ha resuelto su situación, pero ¿de quién fue la responsabilidad de los crímenes que se cometieron? Y ahora entonces se quieren mostrar como víctimas del sistema y se les da el escenario para eso. A mí me parece que eso es un desacierto. Ellos son responsables de los crímenes que cometieron”, afirma.
Además, advierte que la magnitud de los hechos supera los 50.000 crímenes, lo que demuestra que el problema no radica en el sistema, sino en la dimensión de los delitos que están siendo investigados. “La responsabilidad no es del sistema; el sistema fue acordado por ellos mismos”, concluye.
Pero para Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que ha representado víctimas de los paramilitares, dice que la demora en dictar las sentencias finales sí es un problema del sistema.
“Prácticamente todos los integrantes de estos grupos paramilitares que se acogieron a esta justicia transicional ya pagaron su pena, ya están libres nuevamente, sin que haya una sentencia que declare su responsabilidad por (todos) los hechos que cometieron. Entonces, eso es algo que desafortunadamente se suma a la impunidad estructural que afecta a Colombia desde hace mucho tiempo”, señala.
Los eslabones rotos de la reintegración
Carlos Fernando Mateus, excomandante del Frente Sur Andaquíes del BCB, que operó en Caquetá, tiene claro que las víctimas son los sobrevivientes de las atrocidades que cometieron los paramilitares y ha participado en procesos de reconciliación y en la búsqueda de personas desaparecidas para resarcirlas.
Pero eso no quita que para él, hoy, viajar en carretera, puede ser una pesadilla. Un trayecto de tres horas puede alargarse varias más si en el camino le requieren sus antecedentes, porque aparece como “requerido por la justicia” porque su sentencia es parcial. Lo mismo le ocurre a Montealegre, quien debe andar con todos los documentos de su acogimiento y cumplimiento de condena bajo la Ley de Justicia y Paz.
“Yo a la fecha, después de 15-20 años de estar activo en el proceso de Justicia y Paz sin ningún problema, no paso un retén. Si a mí me piden la cédula viajando o en la misma ciudad, ahí mismo sé que son dos horas mínimo que me quedo parado hasta que llamen a todo mundo a preguntar qué pasó”, cuenta Mateus.
Una de las mayores críticas a la ley de Justicia y Paz de parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en cabeza de Alejandra Miller, es que “si bien se trata de una norma de justicia transicional, la misma ya lleva 20 años en implementación y aún no se ha resuelto la situación jurídica de toda la población postulada en esta norma. Esto como consecuencia de las dificultades asociadas a la forma en cómo inicialmente se asumió el juzgamiento de las conductas y a la falta del andamiaje institucional tanto en lo judicial como en lo administrativo, que ha causado una alta congestión de los procesos”.
Además, el asesor Villamizar señala que los exjefes de las autodefensas han solicitado que se cierren definitivamente sus expedientes en este tribunal especial a través de modificaciones sustanciales al sistema. Frente a lo anterior, debe partirse de que, aunque Justicia y Paz funciona como un tribunal transicional, no está definida su temporalidad. Según ha dicho la Corte Constitucional, no existe “una norma que establezca un término de vigencia al sistema, de modo que, al menos de manera explícita, no tiene carácter transitorio”.
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Otro de los puntos de mayor inconformidad, tanto de los postulados de Justicia y Paz como de las víctimas, ha sido la extradición de varios exjefes paramilitares a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Los postulados dicen que se interrumpieron sus procesos de verdad, justicia y reparación en Colombia. Los extraditados, entre los que se encuentran figuras como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, han reclamado que esta decisión los alejó de los compromisos adquiridos en el marco de Justicia y Paz, y obstaculizó su participación en los tribunales. Las víctimas insisten en que la extradición debilitó la entrega de verdad y la reparación integral.
La extradición no los exime de sus obligaciones pendientes con la justicia y con las víctimas en Colombia. Al retornar al país tras cumplir sus condenas por narcotráfico en el exterior, han tenido que enfrentar sus procesos judiciales de Justicia y Paz que siguen abiertos.
Sin embargo, los casos de estos dos excomandantes representativos de las AUC demuestran los diferentes niveles de compromiso de los postulados extraditados con este proceso de justicia transicional. Mancuso continuó acudiendo a diferentes audiencias de la Fiscalía y de las salas de Justicia y Paz mediante videoconferencia, al punto de que recibió tres sentencias estando en prisión estadounidense; mientras que ‘Jorge 40’ fue expulsado de este sistema por faltar a sus compromisos con las víctimas y la verdad.
Trabajo, estudio y bancarización: los grandes retos de la reintegración
Montealegre denuncia que para una persona en proceso de reintegración es casi imposible conseguir un trabajo estable o estudiar como cualquier otra persona. Él, por ejemplo, estudió Psicología mientras cumplía su condena en la cárcel de Itagüí y actualmente cursa octavo semestre de Derecho. Aunque ama aprender, narra cómo muchas veces tiene que atender a las audiencias y a clases de manera simultánea o incluso tiene que faltar a sus labores.
“En la universidad me la paso con un audífono en mi oído mientras estoy escuchando clase con el otro. En muchas ocasiones hablo pasito para que mis compañeros no me escuchen; le digo al fiscal que acepto los hechos por línea de mando. Entonces, eso es un inconveniente”, cuenta el desmovilizado.
Sin embargo, la estigmatización persiste. Montealegre cuenta que los empleadores, al conocer su pasado y el de sus compañeros, deciden no contratarlos. A esto se suma que, por la asistencia a sus compromisos judiciales, no pueden cumplir un horario fijo dentro de un trabajo “normal”.
“Cuando las diligencias son presenciales, ¿qué empleador te va a dar un mes, 45 días para asistir a diligencias jurídicas? Primero les tengo que pedir que confíen, pero luego me dicen: ‘Sé que estás cambiando, pero soluciona tus problemas jurídicos y te vas para tu casa y lo solucionas y hasta luego’. Te quitan el empleo”, añade.
Según la Contraloría, se han formado 1.312 desmovilizados en educación básica y media y 284 en educación superior a través de los programas ofrecidos. Pero Mateus narra cómo, en la condición de privados de la libertad o de excombatientes, la preparación académica a la que pueden acceder es muy poca y el acceso a empleos formales, casi nulo.
“Yo soy tecnólogo en gestión logística y paso las entrevistas, los exámenes, pero desafortunadamente a la hora de ir a formalizar una hoja de vida, se cae automáticamente el contrato por los antecedentes”.
De acuerdo con la ARN, la población del proceso de Justicia y Paz enfrenta mayores dificultades para acceder al empleo, lo que obstaculiza su reintegración económica, esto en la medida en que se presenta una falta de actualización de la información de sus antecedentes judiciales, en muchos casos por el desarrollo lento del proceso judicial en su contra. “La propia ley dispone una prohibición en el proceso de reintegración, para la financiación de proyectos productivos a esta población, lo cual también les limita la posibilidad de generar un ingreso de manera independiente”, añade la entidad.
A estas dificultades se suma que muchos de los desmovilizados ni siquiera pueden abrir cuentas bancarias o acceder a servicios financieros básicos. Mateus relata que, al intentar abrir una cuenta o usar billeteras digitales, las entidades financieras rechazan su solicitud al identificar su estatus jurídico o su historial. Esta situación no sólo limita su acceso a productos financieros básicos, sino que también los excluye de posibilidades como recibir pagos formales, acceder a créditos o desarrollar proyectos productivos, lo que termina profundizando su exclusión económica.
“Tampoco hubo apoyo estatal en ningún tipo de los casos porque, por ejemplo, hoy en día no podemos sacar una cuenta, no podemos elegir ni ser elegidos. Todavía tenemos esa incertidumbre en el marco jurídico. Seguimos asistiendo a audiencias jurídicas después de 20 años. No podemos salir del país para ningún tipo de diligencia, inclusive me han invitado a varias conferencias en otros países para que hablemos sobre el tema y no puedo salir”, cuenta Montealegre.
Los riesgos persistentes
Además de luchar contra la exclusión laboral y financiera, muchos exparamilitares deben enfrentar situaciones de inseguridad. Entre 2003 y 2023, la ARN documentó 4.162 asesinatos de desmovilizados que ingresaron a programas de reincorporación. Sin embargo, se debe precisar que muchos fueron dados de baja estando nuevamente en grupos armados ilegales.
Además, esa entidad asegura que entre los hechos de violencia y riesgo que enfrentaron las personas en proceso de reintegración, entre 2016 y mayo de 2025, se registran 607 casos de amenazas, 77 persecuciones, 45 atentados, cuatro desplazamientos forzados, dos extorsiones y otros cuatro hechos que representan un riesgo directo para su vida e integridad. Cifras que evidencian las difíciles condiciones de seguridad que persisten para quienes intentan dejar atrás la guerra.
Esta entidad señala que uno de los patrones que se ha identificado es que las amenazas contra los desmovilizados no provienen únicamente de actores externos al proceso, sino también de personas que, tras haber pertenecido a las AUC, hoy hacen parte de estructuras criminales o grupos armados organizados que continúan operando en los territorios donde residen quienes se acogieron a Justicia y Paz. Para la entidad, esto evidencia una dinámica de reciclaje de la violencia y la persistencia de redes ilegales que ven en los postulados una amenaza, tanto por la información que pueden aportar a las autoridades como por su desvinculación definitiva de las economías ilegales.
Y también advierte que la participación activa de los desmovilizados en el sistema de Justicia y Paz, a través de sus declaraciones ante los tribunales, ha aumentado su nivel de exposición frente a actores armados ilegales o estructuras criminales que consideran esas versiones judiciales una amenaza directa a sus intereses. Como consecuencia, se han incrementado las intimidaciones y actos de violencia en su contra, en un contexto donde la información revelada puede comprometer a personas que aún permanecen activas en redes delictivas.
A esto se suma la estigmatización y exclusión social que persiste hacia quienes hicieron parte de las extintas AUC. Según la entidad, este rechazo se traduce en actos de violencia simbólica, agresiones directas y serias barreras para el acceso a empleo, participación comunitaria y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, lo que dificulta la sostenibilidad de su proceso de reintegración.
El círculo que no se cierra y la sombra de la reincidencia
La falta de garantías para la reintegración ha contribuido a que, por un lado, algunos que se acogieron a Justicia y Paz se retiraran y volvieran a la vida en armas; y que, por otro, muchos hubiesen optado en su momento por no acogerse a este procedimiento penal especial.
Por ejemplo, Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, exjefe de una facción de las desmovilizadas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, dejó las armas el 7 de febrero de 2006. Mientras pagaba una pena de ocho años de cárcel, declaró en un video de la Fiscalía de 2012 que estaba convencido de que “el camino de la violencia y la guerra fue el equivocado. Pido perdón a Colombia y al mundo entero. Soy un hombre nuevo, con pensamientos y con ideas diferentes”. Dijo querer estudiar y convertirse en “profesional en la música”. Prometió que, al cumplir su condena, trabajaría para las víctimas.
Sin embargo, Oliverio Isaza, hijo del también exparamilitar Ramón Isaza, fue abatido en un operativo contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el Clan del Golfo, el 22 de febrero del 2025. Isaza fue uno de los principales jefes del Clan del Golfo, con influencia directa en la estructura que opera en el Magdalena Medio.
Dentro del Clan del Golfo, Isaza desempeñó un rol clave en la coordinación de rutas de narcotráfico hacia la costa Caribe y en el control de rentas ilegales en el Magdalena Medio. También estuvo vinculado a redes de extorsión y minería ilegal. Según las autoridades, entre 2015 y 2020 se le relacionó con al menos 15 homicidios selectivos, producto de disputas territoriales y ajustes de cuentas entre estructuras criminales.
Fue uno de los exparamilitares que representan alrededor del 15 por ciento que volvieron a las armas, según Álvaro Villarraga, exdirector de la Dirección de Acuerdos para la Verdad, área del Centro Nacional de Memoria Histórica encargada de recoger los testimonios de desmovilizados que, al no estar involucrados en delitos graves, no eran elegibles para el sometimiento a Justicia y Paz. “En algunas zonas y estructuras el porcentaje era incluso más alto”, explica Villarraga.
Montealegre sugiere que el rearme se debe a varios factores: la falta de oportunidades educativas, la falta de garantías y la falta de un tránsito a la legalidad exitoso. “Primero es que cuando tú entregas las armas, te quitan las armas de las manos, mas no el arma de la mente. Y eso es muy complejo. Para eso hay que hacer un tránsito, hay que recurrir a una transición para poder quitar ese fusil mental. Segundo, no nos prepararon ni prepararon a las comunidades para cuando nosotros llegáramos”, dice.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que uno de los grandes problemas del proceso con las autodefensas fue la desconexión entre lo que se acordó en la mesa y lo que finalmente entendieron o aceptaron los jefes paramilitares. No hubo una comunicación clara ni una guía interna sobre los compromisos, lo que generó vacíos de información, especialmente en las bases de esas estructuras.
Para Arias, existen varios factores que explican el rearme y la falta de garantías de no repetición. El primero son las fallas en el diseño y la metodología del proceso. Por ejemplo, se negoció con los comandantes, pero no se aseguró que las decisiones llegaran a toda la tropa, y los tiempos apresurados en los acuerdos generaron vacíos que facilitaron la reincidencia.
En segundo lugar, critica que nunca existió un programa de reintegración específico y atractivo para los mandos medios, quienes, al no tener opciones claras dentro de la oferta institucional como programas dirigidos o políticas públicas locales, terminaron reinsertándose en estructuras criminales. El investigador de la FIP recuerda que en 2011 un dato alarmante reveló que el 58 por ciento de los cabecillas de las bandas criminales capturados o muertos en combate provenían de las antiguas AUC, aunque no había cifras claras sobre la reincidencia a nivel de base.
Además, Arias subraya la ausencia de una estrategia de seguridad y de ocupación institucional en los territorios que antes controlaban las autodefensas. Sin presencia estatal real, esos espacios quedaron vulnerables y abiertos a que los grupos armados ilegales se reorganizaran.
Villarraga insiste en que, a pesar de estos márgenes de reincidencia, la mayoría de quienes se acogieron a los procesos de Justicia y Paz lograron mantenerse en la vida civil, aunque enfrentando múltiples dificultades para su reintegración efectiva, como la estigmatización, la falta de oportunidades y la violencia persistente en los territorios.
Y agrega que desde los programas institucionales se han brindado alternativas para apoyar la reintegración, incluyendo atención psicosocial, medidas de reparación, acceso a proyectos productivos y oportunidades educativas orientadas a la convivencia y la ciudadanía. Sin embargo, reconoce que el contexto de violencia, la exclusión social y los rezagos en el proceso judicial siguen siendo factores que amenazan la sostenibilidad de estos esfuerzos.
Los que no continuaron
Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, jefe máximo del BCB, se acogió a Justicia y Paz. Sin embargo, en 2014, la Sala de Bogotá decidió expulsarlo luego de que aceptara ante la justicia de Estados Unidos, en donde cumplió una condena por narcotráfico, que delinquió después de haber dejado las armas. Esto significó que no pudo acceder a la pena alternativa de ocho años de prisión en Colombia, como otros desmovilizados acogidos en Justicia y Paz. Por esta decisión de exclusión tuvo que responder ante la justicia ordinaria por los crímenes que cometió mientras estuvo al frente del BCB, entre los cuales se registraron 226 desapariciones, 159 desplazamientos forzados, 38 hechos de violencia de género y 173 casos de reclutamiento de menores, delitos que dejaron un total de 1.544 víctimas.
Según la Fiscalía, un postulado a Justicia y Paz es expulsado del proceso y se eliminan sus beneficios judiciales al no cumplir los compromisos y obligaciones que se establecen en la ley. Entre ellos se encuentran: la comisión de delitos dolosos después de la desmovilización, la renuencia del postulado a rendir versión libre, cuando no haya entregado bienes o por la renuncia expresa del postulado a someterse al procedimiento y beneficios de la ley de Justicia y Paz.
Como Carlos Mario Jiménez, de acuerdo con el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP), 295 postulados más fueron expulsados por no cumplir con sus requisitos con este sistema de justicia transicional; sin embargo, la magistratura de Justicia y Paz señala que 489 han sido expulsadas mediante sentencias en firme. Por otro lado, los registros SIJYP indican que 2.709 postulados se retractaron o decidieron retirarse voluntariamente de este proceso.
Vidas que siguen apostándole a la paz, la verdad y la reconciliación
Pese a los problemas, miles de postulados continúan trabajando por la paz. Según los registros de la ARN, a corte del 30 de abril de 2025, han ingresado a la ruta de reintegración diferenciada para desmovilizados postulados a Justicia y Paz alrededor de 1.381 personas, de las cuales 719 aún hacen parte del proceso.
Carlos Fernando Mateus y Óscar Leonardo Montealegre han buscado contribuir a los procesos de paz y reconciliación en los territorios en donde operaban cuando pertenecían a las AUC. En 2023, Mateus, junto al exjefe guerrillero de las extintas FARC Fabián Ramírez, unió esfuerzos con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para localizar cuerpos enterrados en fosas clandestinas en la vereda Cristales, del municipio de San José del Fragua, Caquetá.
Desde su desmovilización, Montealegre ha dedicado su vida a los procesos de reconciliación y reparación, incluso desde que estaba en la cárcel. Allí, en medio de ejercicios de encuentro con las víctimas, conoció a María Dolores Londoño, una mujer que perdió a sus hijos en el conflicto y que, aun sabiendo que jamás los recuperaría, decidió dar un paso hacia la reconciliación. “Un día tomó el micrófono y dijo: ‘Yo sé que a mis hijos no los voy a encontrar, hoy voy a adoptar tres hijos’, y me adoptó. La guerra me quitó a mis padres, y la paz me entregó una mamá”, recuerda Montealegre.
Además Montealegre, en alianza con Pastor Alape –exjefe de las extintas Farc– y Rodrigo Pérez –exjefe del BCB que fue conocido como ‘Julián Bolívar’–, lanzó en el Magdalena Medio el proyecto “Paremos”, enfocado en combatir la estigmatización política, fomentar la pedagogía para la no repetición y proteger los ecosistemas, incluido el saneamiento de ciénagas y cuerpos de agua afectados por el conflicto.
Montealegre también ha participado activamente en iniciativas de «Hablemos de Verdad», dialogando con exguerrilleros, víctimas y estudiantes en colegios de Huila y Meta, y compartido su proceso personal de redención, subrayando cómo reconoció “la humanidad del otro” tras confrontar su venganza.
Más de veinte años después de la desmovilización paramilitar, el proceso de reintegración sigue enfrentando obstáculos estructurales que han limitado su alcance y sostenibilidad. Los desmovilizados, a pesar de sus esfuerzos por reinsertarse a la sociedad civil, enfrentan un laberinto judicial que parece interminable, la persistente estigmatización y una falta de oportunidades laborales y educativas. Los asesinatos, las amenazas y la reincidencia son cicatrices de un proceso que, lejos de cerrarse, parece haber creado un círculo sin salida.
Sin embargo, en medio de estas falencias, emerge la resiliencia de quienes, como Óscar Montealegre y Carlos Fernando Mateus, perseveran en su compromiso con la paz. Sus iniciativas para la búsqueda de la verdad y la reconciliación demuestran que, a pesar de las adversidades institucionales y sociales, el deseo de construir un futuro diferente es una fuerza poderosa.
* Foto de apertura: Fondo Audiovisual MAPP/OEA.
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